Seis ciudades, cuatro países, un derecho: análisisi comparativo de políticas educativas Luis Eduardo Pérez Murcia ... [et al.] ; investigadores Camilo Ernesto Castillo Sánchez ... [et al.]
Colaborador(es): PÉREZ MURCIA, Luis Educardo
| CASTILLO SÁNCHEZ, Camilo Ernesto
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Series Colección ensayos y propuestas. Editor: Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia; Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 2007Descripción: 345p.; il; 21x15cm.ISBN: 978-958-44-1163-1.Tema(s): EDUCACIÓN -- -- ASPECTOS SOCIALES -- -- AMÉRICA DEL SUR -- -- ESTUDIOS DE CASOS![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
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306.43 O771e Educación y sociedad | 306.43 P564s Sociología política de las reformas educativas: | 306.43 S356s Sociedad civil e instituciones democráticas: | 306.43 S462s Seis ciudades, cuatro países, un derecho: | 306.85 T631t La tertulia familiar elemento de comunicación e integración talleres para padres / | 306.85 V144r Las respuestas de mamá/ | 3063615 M971p Poder y género en el trabajo académico: |
Incluye referencias bibliográficas
Este libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, por ellos acoge la propuesta de Katarina Tomasevski, ex relaora espeial de las Naciones Unidas para el Derecho de todas las personas y una obligación de los Estados, que comprende cuatro componentes, a saber: disponibilida, accesibilidad, permanencia y adaptabilidad. Este enfoque permite observar en qué medida l diseño y la implementación de las políticaspúblicas se ajustan a los postulados del derecho a la educación y cúal ha sido su contribución a su efectiva racionalización. Con esos elementos, los ensayos que se reúnen en este volumen analizan la política pública educativa de Bogotá, comprándola con la de otras cuatro ciudades y un país de América Latina. Este examen no sólo posibilita evaluar el ajuste de dichas políticasa los distintos componentes del derecho a la educación sino que además permite detectar buenas y malas prácticas que podrían ser implementadas y evitadas respectivamente, por otros gobiernos locales en la región.
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